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Outbyte PC Repair FREEClear out junk files and repair common Windows errorsFree Scan →Outbyte Driver Updater FREEScan for outdated or missing drivers - takes under a minuteDriver Scan →La prensa reportó en 2011 un presunto crédito fiscal de 3.1 millones de pesos relacionado con Galilea Montijo y una solicitud de orden de aprehensión que un juez negó inicialmente. Las fuentes disponibles no confirman el desenlace definitivo del caso ni que exista hoy una deuda vigente. Los reportes publicados años después sobre depósitos atribuidos a su entonces esposo son un asunto distinto y no prueban una infracción fiscal de Montijo.
Qué se reportó en 2011
El 23 de julio de 2011, El Universal informó que se había solicitado una orden de aprehensión contra Montijo en relación con un presunto crédito fiscal de 3.1 millones de pesos. Esa cantidad es la cifra difundida entonces por el periódico; no es una deuda actual confirmada.
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La nota atribuyó al SAT la cancelación, en noviembre de 2010, de una autorización para pagar en parcialidades. También reportó un cobro directo mediante el embargo de un departamento y una cuenta. Los abogados de Montijo sostuvieron que Hacienda había incumplido un acuerdo. Esas versiones describen lo publicado en 2011, no una determinación definitiva sobre el saldo o la responsabilidad.
La cobertura de aquellos días tampoco presentó una confirmación oficial consistente: La Jornada publicó el 22 de julio que funcionarios de comunicación social de la PGR dijeron desconocer los detalles del caso divulgado por la prensa.
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Qué resolvió inicialmente el juez
El 26 de julio de 2011, El Universal reportó que el juez Alejandro Caballero Vértiz negó la solicitud de orden de aprehensión. La nota precisó que la resolución podía ser apelada.
Por tanto, esa negativa inicial no demuestra por sí sola que el crédito se pagara, que el asunto quedara definitivamente cerrado o que Montijo fuera absuelta en una resolución final. Las fuentes consultadas no establecen el resultado de una posible apelación ni el estado posterior del presunto crédito.
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Qué dijo Montijo en 2021 sobre Álvarez Puga y Gómez Mont
En una controversia distinta, El Financiero reprodujo el 30 de noviembre de 2021 una declaración pública de Montijo en la que negó tener vínculos indebidos o negocios con la familia Puga Gómez: “No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez”. Es una declaración atribuida a ella, no una resolución de una autoridad.
En esa misma nota, Montijo dijo que el apoyo jurídico a su hermana provenía del departamento jurídico de su empresa. La afirmación también debe entenderse como lo que ella declaró.
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Qué añadió la cobertura de 2025 y a quién se refería
El 3 de diciembre de 2025, EL PAÍS publicó una investigación sobre documentos relacionados con una red atribuida a Víctor Manuel Álvarez Puga. El periódico señaló que los documentos mencionaban depósitos a Fernando Reina Iglesias, entonces esposo de Montijo. La nota atribuyó a Reina la explicación de que el dinero correspondía al pago de una deuda que Álvarez Puga tenía con su fallecida madre. También recogió la respuesta de una representante de Montijo de que el asunto no tenía que ver con la conductora.
Ese reporte trata de depósitos atribuidos a Reina Iglesias, no de pagos a Montijo. Por sí solo no acredita que ella recibiera ese dinero, participara en la red o cometiera una infracción fiscal. La cobertura consultada no incluye una declaración directa reciente de Montijo sobre ese reporte; la respuesta publicada se atribuyó a su representante.
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¿Debe dinero actualmente al SAT?
Con estas fuentes no se puede afirmar que Montijo tenga actualmente una deuda fiscal vigente. La cifra de 3.1 millones de pesos pertenece a un reporte de 2011 sobre un presunto crédito fiscal, y la cobertura disponible solo describe que la orden de aprehensión fue negada inicialmente. No determina el estado final del crédito ni del procedimiento.
Para responder con certeza sobre una obligación actual haría falta una fuente oficial reciente que establezca ese estado. Los reportes de 2025 sobre depósitos atribuidos a Reina Iglesias no sustituyen esa evidencia y no deben mezclarse con el caso fiscal de 2011.
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